Pareciese necesario, yendo más allá de lo que recomendaría la prudencia; pronunciarse en relación al carácter majadero de nuestra demanda por una solución concreta y efectiva en cuanto a las hospitalizaciones en Unidades de Corta Estadía para Adolescentes Infractores de Ley en la región de Valparaíso, principalmente para aquellos que se encuentran en privación de libertad. Sin embargo, sería superficial y pasajera, como principio de solución, de un profundo y complejo problema.
Los terribles efectos de la privación de libertad en adolescentes, cualquiera sean las características del joven, redundan en la amplificación (en progresión casi geométrica) no sólo de las características típicas adolescentes, sino que además de todos los posibles “cuadros” preexistentes a su encierro (sobretodo en cuanto a salud mental).
En abrumadora mayoría, los jóvenes que llegan a estar privados de libertad, no sólo presentan “escasez de recursos” de todo tipo (en particular y más profundamente los emotivo-vinculares); deben estar alejados de quienes aman y encontrarse sustraídos de la posibilidad de desarrollarse normalmente (desde el punto de vista psicosocial) al dejar de existir en el plano de la “vida real”; deben soportar las condiciones sociales y físicas del encierro y las dinámicas que ello les impone, tales como la violencia y las vejaciones físicas y morales, entre muchos otros tipos de situaciones que detalladamente hemos expuesto en otro momento (Ver “En canada” sección Publicaciones); además se encuentran sometidos al estigma social de su “ser” infractor (”son ladrones” en vez de “han robado“), que se podrá pensar merecido, pero que a la postre redunda en que, por ejemplo, se les niegue la posibilidad de una atención médico-hospitalaria.
Esto, como en el caso del reciente suicidio de la Joven sucedido en el Centro Privativo de Libertad Lihuén (CPL Limache), en el que su internación oportuna, bien podría haber evitado tal desenlace fatal. Y aún cuando estamos concientes de la virtual ausencia de este tipo hospitalización para jóvenes que podrían necesitar una atención de este tipo, y que no han cometido ningún ilícito; pensamos que para estos jóvenes la situación, por estar en prisión, se torna insoportable y puede ello significar la diferencia entre la vida y la muerte, como se ha visto.
Más allá de llevar luz a los debates relativos a la responsabilidad que a cada institución le cabe en esta situación (que es justo y necesario que ello se dilucide) y mucho más acá de aventurar alguna intervención con fines mediáticos, políticos, judiciales, o incluso económicos (debe recordarse que el eventual “fracaso” de SENAME en esto podría representar una “oportunidad de negocios” para alguien interesado en la licitación de este tipo de centro o de otros similares, así como el asegurar una población para tales “hospederías”). Estimamos que, fue urgente y ahora es indispensable exista un circuito sanitario completo para estos jóvenes que se encuentren privados de libertad, como el que se encuentra descrito en la Norma Técnica Nº 85 del Ministerio de Salud “Para el Tratamiento Integral de Adolescentes Infractores de Ley con Consumo Problemático de Alcohol - Drogas y Otros Trastornos de Salud Mental (disponible en sección Documentación).
Y que junto con ello, y con la altura de miras que amerita, el debate se centre en la privación de libertad para adolescentes (y todos sus nefastos efectos en un ser humano en desarrollo), y cómo es su relación actual con el “fin socioeducativo de la sanción” que la ley declara. Además de revisar su concordancia con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, o los demás instrumentos jurídicos que advienen atingentes a la privación de libertad en menores de edad, cuando nuestro país adhiere a esta Convención.
Así como por otra parte, no sólo se debiesen observar las condiciones estructurales del sistema SENAME, o del Sistema de Salud y su relación con los menores edad que han cometido ilícitos (lo cual no modifica su situación de salud, sino sólo su situación jurídica); sino que además, el Sistema Judicial y como éste se estructura. Por ejemplo, el caso concreto de la defensa de los jóvenes, que en su mayoría, está licitada, que por lo general se encuentra sobrepasada por el número de casos que deben defender, versus la fiscalía que depende directamente del Ministerio Público y cuyos cargos se adjudicarían por oposición. Esto porque tener una defensa imposibilitada de poder defender en rigor y calidad, es virtualmente, lo mismo que no tener defensa.
Es tristemente eficaz esto en cuanto las medidas de Internación Provisoria, que largamente se alejan de ser como esta expuesto en el artículo 37 de la Convención que establece que la privación es último recurso y excepcional y por el período más breve que proceda.
La pregunta de fondo no sería cuantos recursos se necesitan para que los jóvenes realmente se rehabiliten al interior de estos centros, sino más bien ¿es la cárcel, cualquiera sea su diseño y sus recursos, una Institución Humana que probadamente rehabilite o haya rehabilitado a alguien? Si conociera las cárceles ¿mandaría usted a un hijo suyo o al de un amigo, a rehabilitarse en ellas?
¿Cuántos jóvenes han muerto en custodia de un Estado que los estaba rehabilitando, en el periodo que lleva la ley? ¿Trece o quince?
¿Cuantos jóvenes más deben morir para que nos preguntemos por la idoneidad de un sistema con estas características?
Rogamos indulgencia por las líneas aquí escritas, tomando en consideración la gravedad del caso y lo afectados que nos encontramos, sin ser familiares de la joven que nunca leerá estas líneas .
Hugo Muñoz J
Equipo Ambulatorio Intensivo CPL Limache
El día Jueves 8 de Octubre, nuestro equipo y el grupo de jóvenes del Taller de Expresión Musical del Programa Ambulatorio Intensivo del CIP-CRC Limache, presentó una muestra musical para un publico muy especial.
